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El Estado de seguridad | Giorgio Agamben

No podemos comprender la prolongación del estado de urgencia en Francia si no la situamos en el contexto de una transformación radical de un modelo de Estado con el que estábamos familiarizados. Antes que nada, debemos desmentir las declaraciones de las mujeres y los hombres políticos irresponsables, para quienes el estado de urgencia es un escudo para la democracia.

Los historiadores saben perfectamente que es lo opuesto lo que es verdad. El estado de urgencia es precisamente el dispositivo mediante el cual los poderes totalitarios se instalaron en Europa. Así, en los años que precedieron la toma del poder por parte de Hitler, los gobiernos social-demócratas de Weimar habían recurrido con tanta frecuencia al estado de urgencia (estado de excepción, como se llama en alemán), que es posible decir que Alemania, antes de 1933, ya había dejado de ser una democracia parlamentaria.

El primer acto de Hitler, después de su nominación, fue el de proclamar un estado de urgencia que jamás fue revocado. Cuando nos sorprendemos de los crímenes cometidos impunemente en Alemania por los nazis, se nos olvida que esos actos eran perfectamente legales, puesto que el país estaba sometido a un estado de excepción, y las libertades individuales habían sido suspendidas.

No vemos por qué un escenario semejante no podría repetirse en Francia: es posible imaginar sin dificultad un gobierno de extrema derecha utilizando para sus propios fines un estado de urgencia al que los ciudadanos ya se han acostumbrado gracias a los gobiernos socialistas. En un país que vive en un estado de urgencia prolongado, y en el que las operaciones policiacas sustituyen progresivamente al poder judicial, debemos esperarnos a una degradación rápida e irreversible de las instituciones públicas.

Esto es verdad en cuanto el estado de urgencia se inscribe hoy en un proceso que está llevando a las democracias occidentales hacia algo que debemos llamar Estado de seguridad («Security State», como dicen los politólogos estadounidenses). La palabra «seguridad» ha entrado con tanta fuerza en el discurso político que podemos decir, sin miedo a equivocarnos, que las «razones de seguridad» han sustituido lo que antes llamábamos la «razón de Estado». Sin embargo, carecemos de un análisis de esta nueva forma de gobierno. Como el Estado de seguridad no forma parte ni del Estado de derecho ni de aquello que Michel Foucault llamaba las «sociedades disciplinarias», es conveniente que introduzcamos aquí algunas pistas para una posible definición.

En el modelo del británico Thomas Hobbes, quien tanto influyó en nuestra filosofía política, el contrato que transfiere los poderes al soberano presupone el miedo recíproco y la guerra de todos contra todos: el Estado es precisamente aquello que pone un término al miedo. En el Estado de seguridad ese esquema se invierte: el Estado se funda en el miedo y debe, a toda costa, prolongarlo, porque de ahí toma su función esencial y su legitimidad.

Foucault ya había mostrado que cuando la palabra «seguridad» aparece por primera vez en Francia en el discurso político con los gobiernos fisiócratas antes de la Revolución, no era para prevenir las catástrofes y las hambrunas, sino para dejarlas advenir y poderlas gobernar y orientar hacia una dirección que estimaban provechosa.

De la misma forma, la seguridad de la que se habla hoy no busca prevenir los actos de terrorismo (lo que es extremadamente difícil, si no es que imposible, puesto que las medidas de seguridad no son eficaces sino hasta después del primer ataque, y el terrorismo es, por definición, una serie de primeros ataques), sino establecer una nueva relación entre los hombres basada en un control generalizado y sin límites —de ahí la insistencia particular en los dispositivos que permiten el control total de los datos informáticos y de comunicación de los ciudadanos, incluida la obtención integral del contenido de las computadoras—.

El riesgo, el primero que podemos subrayar, es la deriva hacia la creación de una relación sistémica entre terrorismo y Estado de seguridad: si el Estado necesita el miedo para legitimarse, se debe, en un extremo, producir terror o, al menos, no impedir que se produzca. Vemos así que los países siguen una política extranjera que alimenta el terrorismo que después deben combatir en su interior, y establecen relaciones cordiales, y aun venden armas, a Estados que, se sabe, financian a las organizaciones terroristas.

Un segundo punto importante es el cambio de estatus político de los ciudadanos y del pueblo —quien supuestamente debía ser el titular de la soberanía—. En el Estado de seguridad vemos producirse una tendencia irreprimible hacia lo que debemos llamar una despolitización progresiva de los ciudadanos, cuya participación en la vida política se reduce a los sondeos electorales. Esta tendencia es aún más inquietante si consideramos que ya había sido teorizada por los juristas nazis, quienes definían al pueblo como un elemento esencialmente apolítico, al cual el Estado debe asegurarle la protección y el crecimiento.

Según esos mismos juristas, existe una sola forma de politizar este elemento apolítico: por medio de la igualdad de origen y de raza, que va a distinguirlos del extranjero y del enemigo. No se trata aquí de confundir el Estado nazi y el Estado de seguridad contemporáneo: lo que debemos comprender es que, si se despolitizan los ciudadanos, no podrán salir de su pasividad más que si se les moviliza a través del miedo hacia un enemigo extranjero que no sea sólo exterior (fueron los judíos en Alemania, son hoy los musulmanes en Francia).

Es en este marco que debemos considerar el siniestro proyecto de privación de nacionalidad para los ciudadanos binacionales franceses, que recuerda la ley fascista de 1926 sobre la desnacionalización de los «ciudadanos indignos de la ciudadanía italiana» y las leyes nazis sobre la desnacionalización de los judíos.

Un tercer punto, cuya importancia no debemos desestimar, es la transformación radical de los criterios que establecen la verdad y la certeza en la esfera pública. Lo que primero llama la atención a un observador atento durante la lectura de los expedientes de crímenes terroristas, es la renuncia total a establecer una certeza judicial.

Mientras que en un Estado de derecho un crimen sólo puede ser certificado por medio de una investigación judicial, bajo el paradigma securitario debemos satisfacernos con lo que dice la policía y los medios que dependen de ella —es decir, dos instancias que siempre han sido consideradas como poco fiables—. De ahí las increíbles lagunas y las contradicciones patentes en las rápidas reconstrucciones de los acontecimientos, que eluden conscientemente toda posibilidad de verificación y de falsificación y que se asemejan más al comadreo que a una investigación. Eso significa que al Estado de seguridad le conviene que los ciudadanos —a los cuales debe asegurar su protección— se queden en la incertidumbre con respecto a aquello que los amenaza, puesto que la incertidumbre y el terror van de la mano.

Es la misma incertidumbre que encontramos en el texto de la ley del 20 de noviembre sobre el estado de urgencia, y que se refiere a «toda persona sobre la cual existen serias razones para pensar que su comportamiento constituye una amenaza para el orden público y la seguridad». Es evidente que la fórmula «serias razones para pensar» no tiene ningún sentido jurídico y, en cuanto ésta reenvía a la arbitrariedad de aquel que «piensa», puede aplicarse en todo momento a toda persona. En el Estado de seguridad esas fórmulas indeterminadas, que siempre han sido consideradas por los juristas como contrarias al principio de certeza del derecho, se vuelven la norma.

La misma imprecisión y los mismos equívocos existen en las declaraciones de las mujeres y hombres políticos que consideran que Francia está en guerra contra el terrorismo. Una guerra contra el terrorismo es una contradicción en los términos, puesto que el estado de guerra se define precisamente por la posibilidad de identificar de forma certera al enemigo que se debe combatir. En la perspectiva securitaria, el enemigo debe —por el contrario— permanecer en la imprecisión, para que cualquiera —al interior, pero también al exterior— pueda ser identificado como tal.

Conservación de un estado de miedo generalizado, despolitización de los ciudadanos, renuncia a toda certeza jurídica: he ahí las tres características del Estado de seguridad, y que poseen todo para perturbar la mente. Esto significa que el Estado de seguridad en el que estamos entrando hace lo contrario de lo que promete, puesto que —si seguridad quiere decir ausencia de cuidado (sine cura)— incita al miedo y al terror. El Estado de seguridad es un Estado policiaco porque, debido al eclipse del poder judicial, generaliza el poder discrecional de la policía que, en un estado de urgencia que se ha vuelto la norma, actúa cada vez más como el único soberano.

A través de la despolitización progresiva del ciudadano que, de alguna forma, se ha vuelto una especie de terrorista en potencia, el Estado de seguridad sale por fin de los dominios conocidos de la política y se dirige hacia una zona incierta donde lo público y lo privado se confunden, y de la cual aún no podemos definir las fronteras.

Traducción de Ernesto Kavi

Foto de DVIDSHUB @Flickr

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