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Poder y democracia | Felipe Rosete

En la antesala de un nuevo proceso electoral en nuestro país, vale la pena discutir un poco acerca de la democracia, el régimen político bajo el cual estamos legalmente organizados. Tiene razón José Woldenberg cuando afirma, en Cartas a una joven desencantada con la democracia, que a pesar de todos los peros que se le pongan, ésta sigue siendo el mejor sistema político que pueda tener una sociedad, de entre los que se han registrado en la historia de la humanidad. Su argumento parece infalible: comparada con un régimen autoritario, dictatorial o totalitario, la democracia sigue permitiendo la pluralidad, es decir, da cabida a todo aquél que forme parte de la sociedad independientemente de sus ideas, creencias, origen, ingreso, color de piel, etcétera. Por otro lado, nos dice, si miramos en retrospectiva, hace apenas treinta años que nuestro país transitó de un régimen de partido único a otro donde se privilegia la pluralidad política y que cuenta con instituciones de regulación y arbitraje de los procesos mediante los cuales elegimos a nuestros gobernantes. Así que debemos ser pacientes con nuestra joven democracia.

Aun así, continúa Woldenberg, la democracia requiere de la participación activa y organizada de los miembros que conforman la sociedad, que es como en última instancia se gestan las transformaciones históricas. A su juicio, esa es la única forma de que la igualdad política se transforme también en igualdad económica que, en un país con más de cincuenta millones de pobres, es una de las asignaturas prioritarias. Para que una democracia funcione como debería, es necesario paliar la desigualdad imperante, pues dado el estado de cosas actual, los políticos electos mediante el voto popular gobiernan a favor de los que más tienen, pues son éstos los que financian a sus partidos y les otorgan prebendas económicas justamente con ese fin. Una dinámica que muchos autores —Noam Chomsky, Slavoj Žižek, Hans Magnus Enzensberger, Thomas Frank, George Monbiot, Owen Jones, por mencionar sólo a algunos— han puesto al descubierto desde hace ya varios años, y que Marx había anticipado en su análisis del capitalismo, cuando a la cadena Capital- Mercancía-Capital acumulado, sumaba al Estado como el eslabón que, a partir de leyes, políticas públicas y la amenaza del uso de la violencia, promovería y garantizaría los ciclos de reproducción y acumulación del capital.

En este sentido, la democracia va más allá de lo político. En todas las sociedades lo político se entrelaza con lo económico y lo religioso, las potencias que para Jacob Burckhart van definiendo la historia según se acomoden entre sí. La democracia tiene, por tanto, una dimensión económica y religiosa —o ideológica, si se prefiere— que en la época en la que vivimos, la pone al servicio del capital. Tras la caída del socialismo, el discurso dominante afirma que hoy la única democracia posible es la democracia liberal, es decir, aquella que pone el acento en la libertad, en detrimento de la igualdad. Se advierte entonces una contradicción entre estos dos pilares de la democracia moderna. A mayor libertad, menor igualdad, y viceversa. De ahí que, bajo una ideología anclada en la libertad, como lo es el neoliberalismo, se registren hoy los mayores índices de desigualdad en la historia reciente de la humanidad, y que, como afirma Byung-Chul Han, la libertad se haya convertido en auto explotación, generando sociedades de hombres cansados y deprimidos, incapaces de ejercer cualquier tipo de acción política para resistir al poder.

Aquellos regímenes que han puesto el acento en la igualdad, sin embargo, tampoco han quedado muy bien parados en la historia moderna. Nacionalismo, socialismo, comunismo se plantearon como opciones políticas igualitarias, tan igualitarias que en algunos casos pretendieron la homogeneización de los individuos —por la vía de la guillotina y el campo de concentración en caso necesario—, en detrimento de su libertad y sus derechos. Lo ideal, por tanto, sería un equilibrio entre ambos elementos, cuyo ejemplo más cercano es el Estado de bienestar, considerado hoy inviable precisamente porque interviene en la economía y en la distribución de la riqueza. Pero con un Estado al servicio del capital y no de la sociedad, se antoja una empresa irrealizable. Nuevamente, la transformación mediante la actividad política organizada, o en última instancia mediante la lucha armada, parecieran ser las vías para lograr tal equilibrio. Aunque en la era del individuo, la metamorfosis tal vez debería empezar por uno mismo.

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Más allá de esta contradicción entre libertad e igualdad, para entender la democracia a cabalidad es importante advertir su origen teológico, pues sólo así podemos entender el uso que el poder ha hecho de ella, del mismo modo en que antes hiciera uso de ficciones como «Los dos cuerpos del Rey», uno mortal en tanto humano y otro inmortal en tanto Dignidad, o del «Derecho divino de los reyes», que conectaba a estos directamente con Dios. Cuenta Giorgio Agamben en El reino y la gloria que cuando en la Baja Edad Media los teólogos se cuestionaban acerca de la relación entre providencia divina y libre albedrío —cuestionamiento que a la larga terminaría con la muerte de Dios—, la respuesta que dieron algunos de ellos, Bossuet, por ejemplo, fue que al actuar libremente, el hombre actuaba de acuerdo con la voluntad divina. «Dios nos hace tal cual seríamos si pudiéramos ser por nosotros mismos […] El estado de nuestro ser es ser todo lo que Dios quiere que seamos», afirma el clérigo francés. En otras palabras, señala Agamben, «Dios ha hecho el mundo como si éste fuera sin Dios, y lo gobierna como si éste se gobernara a sí mismo». De ahí a la noción de «voluntad general» de Rousseau, presupuesto de la democracia moderna, hay sólo un paso. «Y así como al dejarse gobernar por Dios los hombres dejan actuar a su propia naturaleza, así la soberanía indivisible de la Ley [que emerge de la voluntad general] garantiza la coincidencia de gobernantes y gobernados». Bajo esta idea, Rousseau intenta resolver el añejo conflicto entre poder y libertad, el cual desaparece si la voluntad general se concibe como la encarnación de las voluntades particulares libres. «Soberanía/gobierno, poder legislativo/poder ejecutivo, voluntad general/voluntad particular» son, según Agamben, los ejes sobre los cuales se transfiere todo el dispositivo teológico del gobierno del mundo (oikonomía) a la maquinaria política moderna.

Es justamente esta coincidencia entre voluntad general y voluntad particular la que generará un poder soberano frente al cual no se puede estar en contra, pues sería como estar en contra de uno mismo. De ahí que la Revolución francesa, que puede leerse como la activación del principio de soberanía popular en la historia, casi de inmediato se haya transformado en el Terror, que a su vez se constituyó en el argumento del liberalismo político, cuya base es la protección de los derechos fundamentales del hombre y del ciudadano, particularmente el derecho a la propiedad privada, con todas las implicaciones que de ello se desprenden para el desarrollo del capitalismo.

Así pues, nos dice Alexis de Toqueville en El Antiguo Régimen y la Revolución, el resultado de esta última fue «un poder central inmenso, que había atraído y engullido, en su unidad, a todas las parcelas de autoridad y de influencia, antes dispersas en una multitud de poderes secundarios, de órdenes, de clases, de profesiones, de familias y de individuos, diseminados por todo el cuerpo social». En otras palabras, la principal consecuencia de las revoluciones burguesas fue la renovación y el fortalecimiento del poder, un poder que dejó de atribuirse un origen divino para arraigar en el Pueblo, entidad aparentemente terrenal pero en el fondo igual de metafísica que Dios.

Cuando este poder recae en la Asamblea, gracias al artilugio de la representación —«la más osada de las ficciones», según Mirabeu— se pasa de la soberanía popular a la parlamentaria. Una vez que el pueblo nombra a sus representantes cesa su papel como soberano y se convierte en súbdito. Debe acatar las órdenes de la Asamblea y los órganos de gobierno, pues éstas emanan de la voluntad general, es decir, de sí mismo. «No sería exagerado decir que estos representantes inventaron la soberanía del pueblo a fin de reclamarla para sí, y justificar su propia resistencia frente a un rey antes soberano», comenta el historiador Edmund Morgan en La invención del pueblo. Y por contradictorio que parezca, el paso de la Asamblea al Imperio en la Francia decimonónica estará marcado por esta misma idea, la de la coincidencia de las voluntades particulares con la voluntad general, lo que llevará a Napoléon Bonaparte a afirmar: «La Revolución ha concluido; sus principios se han materializado en mi persona. El gobierno actual es el representante del pueblo soberano. No puede haber oposición contra el soberano».

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Así que, aunque teóricamente funciona y es congruente, aunque ciertamente hoy cuesta trabajo pensar en un régimen mejor para articular la diversidad humana, aunque el fantasma del totalitarismo aparezca cuando se invoca su espíritu igualitario, lo que en realidad se ha constituido desde los orígenes de la democracia moderna es un poder separado de la sociedad, cada vez más ajeno a ella, hoy al servicio de la élite económico-política. Un poder que a lo largo de la historia ha usado diversos ropajes para seducir a sus súbditos y que aún hoy se viste de democracia y de libertad individual para volverse legítimo, aunque es cada vez más claro que lo que busca es, como diría Bertrand de Jouvenel, su constante crecimiento.

No obstante, donde hay poder siempre hay también resistencia. En una época en que la idea de revolución ha perdido validez, dadas las atrocidades cometidas por los regímenes emanados de las revoluciones políticas modernas, es menester pensar en otras vías de transformación, que necesariamente deben partir de la crítica de la realidad existente. Sea de manera colectiva, a través de canales institucionales, organizaciones o movimientos sociales, o desde la trinchera de nuestra individualidad, resulta crucial resistir al poder, pues sólo así podrán lograrse, aunque sea de manera lenta y paulatina, las transformaciones que la sociedad requiere. Una sociedad, por cierto, que debe ajustar cuentas con un régimen político que se ha escindido de ella, a pesar de que afirma basarse en las voluntades de los hombres y mujeres que la conforman.

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